Fue presentada en 2010 por Mario Lucchesi, pero archivada en comisión de Calidad de Vida y estancada en Legislación. Ahora, habría consenso para su aprobación, aunque podría ser modificada para su aplicación

Un proyecto elevado ante el Cuerpo hace casi dos años que propone sancionar a los padres o tutores de menores de dieciocho años, cuando éstos incurran en diferentes conductas contravencionales, volvió a instalarse en el debate deliberativo. La propuesta fue tratada y aprobada en comisión de Legislación, donde se evidenció la decisión del oficialismo en avanzar en este sentido. El independiente Hernán Alcolea se abstuvo, al igual que los radicales Mario Rodríguez y Maximiliano Abad, aunque sólo para analizar la normativa y encontrar, en forma consensuada, la mejor manera de aplicarla. Verónica Beresiarte, del Frente para la Victoria, manifestó su rechazo en base a una “cuestión ideológica” respecto a “cómo intervenir con los chicos”. El proyecto deberá volver a comisión de Calidad de Vida, donde se profundizará sobre los criterios de la normativa.

En su momento, la propuesta del oficialista Mario Lucchesi -que en 2010 constituía el monobloque Movimiento Peronista- se archivó en la comisión de Calidad de Vida y durmió luego en Legislación, sin obtener tratamiento.

Básicamente, propone que los padres sean sancionados “ante la omisión de cumplir con los deberes de vigilancia y protección que establece el Código Civil y la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, cuando sus hijos produzcan distintas conductas. Se enumera así, la tenencia o consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; estar en la calle “en horarios no permitidos”; estar en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o cualquier otra sustancia ilegal o no en vía pública; causar daños o disturbios a personas y/o bienes públicos o privados y cometer actos contemplados en la normativa contravencional.

En su articulado, se prevén sanciones de tipo económicas sobre la base salarial de un agente municipal, y van de medio a cuatro salarios mínimos, dependiendo de que sea una primera infracción o reincidencia. No obstante, se contempla que en caso de imposibilidad económica, la multa puede virar hacia la realización de cursos o tareas comunitarias. En la iniciativa, Lucchesi dispone que la autoridad competente sea el Juzgado Municipal de Faltas, el cual tomaría intervención por denuncias que presenten vecinos o agentes comunales.

El texto fue el primero en abordarse este miércoles en comisión de Legislación y producto de las modificaciones en el Reglamento Interno que promueven el tratamiento de expedientes sin despacho. Planteado el tema, la primera en expresarse fue la titular del bloque kirchnerista. Al igual que en la instancia anterior -noviembre de 2010-, Beresiarte determinó que “no es manera de trat a niños, niñas y adolescentes” y fundamentó su decisión en una cuestión ideológica.

Por su parte, el presidente de la comisión y titular del bloque oficialista, Diego Monti, resaltó que es una legislación “que se viene dando en muchos municipios”. En esta línea, aseguró estar “bastante de acuerdo” con el proyecto por el sentido de responsabilidad que brinda, aunque evidenció dudas respecto a su “operatividad”. No obstante, instó a que esto no “opaque la discusión” para debatirlo en el seno deliberativo y avanzar en la ordenanza para encontrar el modo de articularlo con el Ejecutivo.

Su par de bancada Leandro Laserna, agregó que el Código Civil plantea la responsabilidad reflejo de los padres y si bien hubo y hay modificaciones en tratamiento, “nunca se dejó de lado” esto.

“Da la sensación de que esto no es ni más ni menos que volcar en la legislación local, lo que ya establece el Código Civil”, sentenció.

De esta forma, Laserna bregó por buscar la forma de que la municipalidad recoja esta normativa, sin perder el criterio “garantistas y protector de los derechos de los menores”.

En tanto, el concejal Alcolea entendió que el proyecto “apunta a cuestiones menores”, como el vandalismo, y no a chicos que estén en conflicto con al ley penal. Sin embargo, mostró dudas en cuanto a la capacidad del Municipio de hacer frente a la norma respecto al personal y la estructura necesaria. De todas formas, coincidió en que la iniciativa cubre un vacío legal.

Asimismo, los representantes del radicalismo se comprometieron a analizar el texto y hacer aportes para elaborar una propuesta consensuada.

Por último, el autor del proyecto desestimó que se trate de “estigmatizar” a los chicos pertenecientes a sectores de mayor vulnerabilidad, sino en fortalecer la presencia del Estado en determinados casos. Señaló que esto se logra “a través de la sanción” que podría no ser pecuniaria. Es que en un punto del debate se planteó el caso de familias con alto nivel económico y la facilidad de pagar una multa y desentenderse del problema. Dado que la normativa está abierta a modificaciones, podría establecerse la obligación de prestar tareas comunitarias o reparar el daño causado.

Así, con el voto negativo del Frente para la Victoria, la abstención de la UCR y Alcolea y el aval del oficialismo, el proyecto fue aprobado en Legislación. Volverá a comisión de Calidad de Vida y, en caso de avance, pasará nuevamente por Legislación antes de ser abordada en Hacienda, previo a su llegada al recinto para convertirse en ordenanza.

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