Residentes de Santa Isabel explicaron que con la iniciativa buscan que se logre impulsar un procesamiento similar al que actualmente se desarrolla en Córdoba, donde tres personas acusadas de contaminación están siendo juzgadas

“Es un precedente que esperamos marque una diferencia, así que nuestras expectativas están puestas en que podamos llegar a una instancia similar en Mar del Plata”. Con esta frase, Gustavo Pizano -de la asamblea Paren de Fumigarnos- sintetizó la relevancia del procedimiento judicial que se está llevando a cabo en Córdoba y por el que tres personas están siendo juzgadas por contaminación con agroquímicos. En paralelo, el ambientalista confirmó que en el barrio Santa Isabel de la ciudad, los vecinos presentaron una denuncia judicial por la persistencia de las prácticas ilegales.

Las leyes y normativas están firmes y son, en teoría, el marco regulatorio para una sociedad. Sin embargo, y en la práctica, son más las veces que se infringen que las que se cumplen. Desde hace varios años, las denuncias se suman en la ciudad: en distintos barrios y diferentes cultivos, las fumigaciones con agroquímicos siguen impactando en la calidad de vida de los vecinos marplatenses.

Mientras en Córdoba este lunes comienza el último tramo de recepción de testimoniales en el juicio contra tres personas acusadas por contaminación con agroquímicos, desde la asamblea Paren de Fumigarnos de Mar del Plata esperan que el procedimiento judicial en la vecina provincia marque un precedente y sirva a modo de ejemplo. Por eso, recientemente los vecinos de uno de los barrios más afectados por esta problemática -Santa Isabel- ya presentaron una denuncia judicial, constatada por la Policía Ecológica y relativa a la persistencia de estas prácticas en un espacio cercano al habitado por ciudadanos

“Nosotros estamos en eso y justamente el objetivo es impulsar, con esta denuncia, un proceso similar”, remarcó a El Atlántico uno de los representantes de la asamblea, Gustavo Pizano. Según el ambientalista, la idea es no presentar los amparos individualmente sino hacerlo “a través de una convocatoria conjunta de los vecinos de la periferia, afectados por estas cuestiones”.

De esta manera, y de acuerdo a lo que consignó Pizano, actualmente la situación en la ciudad y la zona no ha tenido muchos avances y las fumigaciones clandestinas con agroquímicos continúan desarrollándose, a pesar de existir una ordenanza municipal. “Las normas no se respetan ni se cumplen y estamos hablando de una cuestión de relevancia suprema, porque es la salud la que está en juego”, sostuvo y luego entendió que, por eso mismo, es muy importante el desarrollo del juicio en Córdoba. “Es un precedente que esperamos marque una diferencia, así que nuestras expectativas están puestas en que podamos llegar a una instancia similar en Mar del Plata”, advirtió.

“El Estado debería encargarse de proteger a la población y actualmente eso no sucede”, agregó el representante de Paren de Fumigarnos, quien también destacó que apoyan el desarrollo y las acciones en Córdoba, porque “es la primera vez que se está juzgando a los culpables y eso es algo que hay que celebrar”.

EL MÉTODO

De acuerdo a la información vertida desde la asamblea, el método de fumigación aérea está siendo cada vez más utilizado en Argentina y el mundo, sobre todo, en regiones cercanas a poblaciones y asentamientos humanos. Es que, utilizar aviones les garantiza a los “productores” y a quienes realizan las aplicaciones mayor impunidad a la hora de envenenar a personas y ecosistemas.

Cada vez que se asienta una denuncia contra una fumigación cercana a una comunidad es poco probable que la misma progrese. “Menos probable es que vengan autoridades a constatar el hecho y es casi seguro que si la fumigación fue mediante avión, para cuando alguna autoridad llegue a realizar una investigación, claro está, del avión no quedan ni huellas”, aseguraron desde Paren de Fumigarnos, al tiempo que indicaron que, también, la fumigación aérea normalmente es ejecutada por Sociedades Anónimas y Pool's de Siembra, “donde demostrar quienes son los responsables ya es complicado de por sí”.

“Asimismo a la hora de realizar la denuncia al testigo se le solicita una serie de datos como la chapa del avión, dato que no posee ningún organismo controlador de dicha actividad. Estas son técnicas que los envenenadores fueron desarrollando junto a las complicidades de los 3 poderes del Estado, para intentar resultar impunes de los aniquilamientos a los que someten a las personas”, remarcaron.

Respecto a los alcances y consecuencias de este tipo de prácticas cuando se fumiga con avión, se calcula que la mayoría de las microgotas son de 50 micrómetros de diámetro, pero muchas pueden ser de medidas muy diferentes. “Por ejemplo, una microgota de 5 micrómetros de diámetro tardaría una hora en tocar la tierra si es arrojado a 3 metros de altura. En ese tiempo, puede ser arrastrada más de 4800 metros con un viento de 5km/h (el mínimo que se sugiere para fumigar)”, observaron y luego completaron: “Esto sin tener en cuenta que se evaporaría casi instantáneamente, si la humedad ambiente fuese menor al 80%. Podemos deducir entonces que siempre existe un margen de error incalculable e impredecible, que lleva a que la fumigación aérea sea peligrosa tanto para el medio ambiente como para el ser humano”.

EN CÓRDOBA

El pasado lunes los jueces de la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba, luego de una breve audiencia, pasaron a cuarto intermedio hasta mañana para tomar declaraciones a los últimos ocho testigos que restan, trámite que se completaría el martes. Los camaristas también adelantaron que el martes 31 comenzarán los alegatos y, en función del tiempo que demande ese trámite procesal, luego se determinará fecha de lectura de sentencia.

El debate oral y público comenzó el 11 de junio y tiene como imputados a dos productores agropecuarios, Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra y al piloto fumigador, Edgardo Jorge Pancello, quienes están sindicados de contaminar con agroquímicos, mediante fumigaciones clandestinas en sembradíos de soja, en zonas cercanas al barrio capitalino de Ituzaingó Anexo y alrededores. Según la causa, Gabrielli y Parra son los dueños de los campos de soja y se había contratado a Pancello para fumigar los sembradíos con glifosato y endosulfan, agroquímicos que son consideradas sustancias peligrosas para la vida humana.

Los tres imputados, quienes permanecen en libertad, están acusados de violar el artículo 58 de la Ley Provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe las fumigaciones y por infringir el artículo 55 de la ley nacional 24051 que pena el delito de contaminación ambiental.

Comentarios