Lo aseguró el juez de Ejecución que en 2010 dio al Ejecutivo 90 días para regularizar el sistema laboral de los detenidos en el penal de Batán. Por las sucesivas apelaciones del propio Estado, todavía no hay sentencia firme

A principios de marzo, una resolución del Tribunal de Casación provincial ratificó aquello que meses antes había convalidado la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata. La gestión bonaerense, a raíz de una sentencia del Juzgado de Ejecución Nº1, tendría un plazo no mayor a los 90 días para regularizar la situación laboral de los detenidos que se emplean en productivos privados dentro de la Unidad 15 de Batán.

Sin embargo, y pese a la contundencia del fallo de Casación, que aseguró que el régimen al que se encuentran sometidos los internos “luce semejante a un trato esclavo y degradante”, la Fiscalía de Estado presentó un nuevo recurso de queja. Esta vez lo hizo ante la Suprema Corte de Justicia, que analiza por estas horas la apelación del organismo.

Para conocer el curso de la causa y saber si, más allá de lo meramente procesal, en Batán algo cambió en materia laboral, El Atlántico dialogó con Ricardo Perdichizzi, el juez que fijó el plazo para la normalización cuando resolvió un habeas corpus interpuesto por la defensa de un detenido.

El funcionario judicial, además de suponer que la sentencia definitiva tardará en llegar, confirmó que “las condiciones de empleo, lamentablemente, siguen siendo las mismas”. De todos modos, “y en un marco de dignidad”, Perdichizzi defendió la permanencia de empresas dentro de la Unidad. “Para los detenidos es fundamental”, argumentó.

Esta causa, pese a que habla de lo mismo, es paralela a la denuncia por trabajo esclavo que en febrero de este año radicó la Asociación Pensamiento Penal. A partir de esta acción, la jefa del Servicio Penitencia Bonaerense confirmó a este medio que el ingreso de productivos a las cárceles de la Provincia se realizaría mediante convocatorias públicas y abiertas.

-De no haberse interpuesto un nuevo recurso de queja, los 90 días ratificados por el Tribunal de Casación para mejorar las condiciones de empleo en la unidad 15 de Batán ya habrían vencido. ¿La Fiscalía de Estado continuó con las “apelaciones”?

-Esta causa fue recurrida ante la Cámara, y la Cámara la confirma. Es recurrida ante Casación, y Casación la confirma y reanuda ese plazo, diciendo que el fiscal de Estado no tenía derecho a hacer un nuevo recurso ante la Corte. Sin embargo, por lo que pudimos certificar ayer, el fiscal de Estado volvió a hacer un recurso de queja ante la Suprema Corte por recurso extraordinario denegado, que está en trámite de análisis. Entonces, nosotros no tenemos todavía el expediente para ejecutar porque está el recurso en evaluación. Eso no quita, de todos modos, que ya se esté empezando a trabajar con la jefatura del Servicio Penitenciario para regularizar la situación de los detenidos que están alojados en la unidad penal 15.

-Con estas intervenciones de queja, ¿Qué es lo que el Poder Ejecutivo intenta aclararle al Poder Judicial?

-El Estado a través de los recursos lo que está diciendo es que no es competencia del Poder Judicial intervenir en las políticas del Poder Ejecutivo, que es quien tiene que decidir cómo y cuándo organizar su propio trabajo y por eso entiende que hay un conflicto de poderes, planteando todo esto ante la Suprema Corte provincial. Y mientras tanto, se pide también que se suspenda todo lo que se resolvió en la Cámara de Casación. Plantearon, básicamente, que el Poder Judicial no tendría facultad para controlar de qué modo se hace la tarea ejecutiva, concretamente, en lo que es el ámbito carcelario. Por supuesto que de mi parte, y también lo dice la Cámara y Casación, consideramos que no sólo la ley lo autoriza, sino que además es función de todos los jueces controlar de qué manera se cumple la detención de las personas privadas de su libertad.

-Pero la argumentación de la Fiscalía de Estado contradice las visitas instituciones a cárceles de funcionarios judiciales hace más de un año y medio…

-Y si, e incluso la Suprema Corte de Justicia provincial y la Corte nacional establecieron que es obligación de los jueces, no sólo visitar los penales, sino además tomar las medidas necesarias para evitar cualquier situación de agravamiento de las condiciones de detención que pueda suponer una responsabilidad internacional del Estado provincial. Lamentablemente, la Fiscalía de Estado lo que hace en el 95% de los casos es interponer recursos, y recursos y recursos y lo único que se logra es la demora de la resolución. Con este sistema de recursos, la fiscalía puede llegar hasta la Corte Suprema.

-Y mientras tanto, ¿Se trabaja en la mejora de las condiciones de empleo?

-Hace poco tuvimos una visita de cárcel y el nuevo jefe de la unidad penal 15 nos comentó que estaban haciendo un proyecto de reorganización de las empresas y que pondrán en funcionamiento más el rol capacitador que el productivo de las empresas. Además me dijeron que en un plazo breve me estarían presentando el proyecto de trabajo para modificar, puntualmente sobre esta causa, la situación y evitar que se prolongue en el tiempo.

-Entonces, pese a las denuncias, el régimen laboral sigue siendo el mismo: salarios simbólicos, falta de aportes jubilatorios y carencia de contratos…

-Hasta donde yo tengo conocimiento, no hubo ninguna modificación ni mejora, por una cuestión de evitar que los detenidos perdieran esta fuente de empleo y esta pequeña remuneración, que si bien no es el salario mínimo, vital y móvil, tampoco es el peculio carcelario, que no supera los 20 o 30 pesos por mes. Estas empresas le están pagando entre 300 y 600 pesos mensuales a los detenidos, que es un salario muy magro pero es mayor que el peculio. Incluso hubo alguna respuesta negativa por parte de los detenidos cuando les llegó la información de que se estaba trabajando sobre este tema porque pensaron que los iban a dejar sin trabajo. Para evitar esto, se me pidió y yo lo consentí dentro de la causa, que se permita prolongar por 90 días más. Se comprometieron, en el medio, a hacer trabajos. Lamentablemente, hasta ahora no tengo novedad, pese a que pasaron esos tres meses. Ahora mi función será pedir informes para constatar cómo viene la base de esta situación para luego darle vista a la fiscalía y defensor. Alguna medida vamos a tener que tomar.

-¿Ubica a la Unidad 15 de Batán dentro de la definición de Cárcel Fábrica?

-Justamente, lo que pretendemos es evitar eso. No queremos que la Unidad 15 se transforme en una cárcel fábrica. Y por eso que se está trabajando y en mi obligación como juez, tengo que verificar que existe una actividad laboral, que sea una actividad para el desarrollo de la persona, o sea de capacitación, pero que no se transforme en una cárcel fábrica en el sentido de tener mano de obra barata y sin costos o con menos costos productivos de los que corresponderían en el exterior.

Comentarios (8)

El ciudadano privado de su libertad esta alli por no cumplir las normas de la sociedad, esta bien que trabajen, pero el estado deberia cobrarle parte de los gastos, que nos producen a los ciudadanos que trabajamos dia a dia y los mantenemos, deberia ser obligatorio el trabajo de todo penado.y devolver parte de lo se gasta en ellos.

claudio, de donde sacaste semejante pelotudez?

Se olvidan que estan en la carcel por cometer uno o varios delitos, al entrar alli se pierde los derechos de ciudadano,para pasar aser un delincuente preso.

me parece que la justicia no debe dejar que las empresas amigas del servicio exploten a los detenidos, no hay derecho, privados de libertad, pero de sus derechos. que se cumpla el fallo de casacion.

ESTA BIEN QUE TRABAJEN, PERO NO QUE EMPRESAS PRIVADAS SE BENEFICIEN CON UN TRABAJO ESCLAVO. LO LOGICO SERIA QUE ESTOS PRESOS PERCIBAN UN HABER MINIMO Y QUE SE LES EFECTUEN LOS APORTES JUBILATORIOS. ADEMAS ES FUNDAMENTAL QUE LOS CAPACITEN PARA QUE PUEDEN GANARSE LA VIDA CUANDO SALGAN. SALUDOS, ALEJANDRO.

PARA COMENZAR A TENER SEGURIDAD EN LA CIUDAD, DEBEMOS (VACIAR) LA CARCEL DE BATAN, CADA DETENIDO, COBRA LA LIBERTAD MUY RAPIDAMENTE Y SE POTENCIA SU ACTITUD DELICTIVA, Y OCURRE, LO QUE ESTA SUCEDIENDO EN MAR DEL PLATA Y ZONA.

LA CULPA DE LA JUSTICIA Y ABOGADOS, TODOS CORRUPTOS, SE JUECES CUIDAN SU QUINTA Y ELLOS ESTAN PROTEGIDOS.

LAS CARCELES DE EXISTIR, TENDRÍAN QUE ESTAR EN EL CORDON FRONTERIZO Y /O TIERRA DEL FUEGO. DONDE NADIE LOS VEA A ESTOS ASESINOS, VIOLADORES, ETC.

Y nosotros nos ilusionamos con la idea de justicia....con jueces como éstos, estamos al horno...yo propongo que los condenados hagan obra pública 8 horas por día (ya que es caro mantenerlos), y que estudien obligatoriamente de acuerdo a su nivel...juez que libera a un delincuente antes que cumpla la condena y reincide: jury y a la calle sin las 20 o 25 lucas que deben ganar por mes...

SE LA DEBE ERRADICAR DE LA REGION ES UNA FABRICA DE ASESINOS. A LOS JUECES SE LE DEBERIAN DISMINUIR LOS SUELDOS.