A través de una resolución, que también firmó la Procuradora, convocaron a las partes para este martes. El gobierno de Scioli otorgó por decreto un aumento rechazado por los trabajadores, que realizarán asambleas en toda la Provincia

El gobierno provincial quiso poner fin al conflicto salarial con los empleados judiciales -que reclaman la repartición equitativa de ingresos a través de la vigencia de la ley de porcentualidad- y Daniel Scioli firmó un decreto de aumento. Sin embargo, el rechazo de los trabajadores no se hizo esperar y los paros continuaron. Ahora se abre un nuevo capítulo: la Suprema Corte de Justicia bonaerense convocó a las partes a una mesa de diálogo que comenzará esta tarde y marcó como condición el cese de medidas de fuerza. Desde la Asociación Judicial Bonaerense anunciaron asambleas para hoy en toda la provincia.

A partir de las 17.30, representantes del Ejecutivo y dirigentes gremiales se sentarán para ver si se puede destrabar el conflicto, aunque hasta ahora no se vislumbra una fácil salida. Los trabajadores se mantienen firmes con el reclamo y la administración bonaerense no quiere ceder.

El gobierno otorgó en abril, por decreto, un aumento salarial, con retroactividad a marzo, del 26 por ciento para las categorías inferiores (de la 6 a la 14), de 24 por ciento para las intermedias (de la 15 a la 19,5) y de 21 por ciento para funcionarios y magistrados (de la 20 a la 23).

Sin embargo, la posición de los trabajadores es clara: “No estamos reclamando dinero, sino repartición equitativa de ingresos”, aseguraba a principio de mes María Paula López, secretaria gremial de la delegación marplatense de la AJB. En ese momento, la dirigencia del gremio planteaba como “ilegal” la manera unilateral en que la administración bonaerense daba por cerrada la paritaria. Como consecuencia, las medidas de fuerza continuaron.

Este lunes, a través de una resolución, la Suprema Corte de Justicia resolvió convocar al Poder Ejecutivo y a la Asociación Judicial Bonaerense a una instancia de diálogo, con la intención de consensuar medidas tendientes a superar el conflicto, a partir de “las dificultades que existen en el ámbito tribunalicio, como consecuencia de las medidas de acción directa”.
El escrito fue firmado por todos los integrantes de la Suprema Corte, presidida por Eduardo de Lázzari, y también llevó la firma de la Procuradora General, María del Carmen Falbo.

Tras considerar que “la prestación regular del servicio de justicia, constituye una exigencia constitucional ineludible”, convocaron a las partes y repararon que “es condición necesaria que a partir de la fecha y mientras se sustancia la indicada instancia, la organización sindical haya dispuesto la cesación de las medidas de acción directa, encontrándose regularizada la normal prestación del servicio de justicia”.

La resolución, que fue extendida al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia y al Colegio de Abogados bonaerense, fue intensamente discutida este lunes por los dirigentes gremiales, que anunciaron para este martes asambleas en todo el territorio provincial.

Denuncian tareas de inteligencia de la Bonaerense

Los trabajadores judiciales denunciaron que la Policía Bonaerense realizó tareas de inteligencia en una de sus últimas movilizaciones realizadas en el marco del prolongado conflicto salarial y por la aplicación de la Ley de Porcentualidad. “Tenemos testigos de que se realizaron tareas de inteligencia con absoluta impunidad: sacaron fotos e hicieron filmaciones, y luego estuvieron recorriendo comercios aledaños con ellas preguntando por los compañeros registrados”, señaló Hugo Blasco, titular de la AJB, según dio a conocer el diario platense Diagonales.

Sus declaraciones se enmarcan en una conferencia de prensa realizada en la sede gremial, de la que participaron además la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras organizaciones de derechos humanos, políticas y gremiales.

Blasco explicó que los hechos denunciados no son episódicos ni casuales y que responden a las semillas de la dictadura militar, de la cual algunos procedimientos no han sido aún desterrados: “Hay una actitud represiva e intimidatoria para con la libertad sindical de los judiciales", aseguró. Según dijo, la denuncia también se materializará a través de un hábeas corpus preventivo en el que los trabajadores judiciales plantearán esta situación.

De todas maneras remarcó que el eje del conflicto “es que el Estado no se quiere sentar a negociar con sus empleados judiciales”.

Por su parte, Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, pidió la investigación de los hechos denunciados, al tiempo que destacó la lucha de cuatro décadas que lleva adelante el gremio de los judiciales bonaerenses y transmitió el dolor que le causa ser testigo de actitudes de esta naturaleza, “resabios de la dictadura militar”.

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