El tribunal oral federal 1 dará a conocer este martes el veredicto del juicio a tres militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar

Después de cuatro meses de audiencias, se conocerá este martes el fallo por el juicio que se le sigue a tres militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval local.

Antes de conocerse el fallo, los imputados el general de brigada Alfredo Arrillaga, el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio podrán decir sus últimas palabras al tribunal conformado por los jueces El tribunal compuesto por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Micheli
Los tres militares son juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia; tormentos agravados por tratarse de perseguido políticos y coautores de homicidios agravados de Liliana Beatriz Retegui, Patricia Emilia Lazzeri, Liliana María Iorio, Omar Tristán Roldán y su mujer Delia Elena Garaguso y del matrimonio compuesto por Alicia Rodríguez y Juan Bourg. Además están acusados del secuestro y la imposición de tormentos de las estudiantes Nancy Carricabur y Estella Marís Nicuez, quienes fueron secuestradas junto a Retegui, Lazzeri y Iorio, pero luego liberadas.

Arrillaga, Ortiz y Pertusio llegaron al juicio bajo arresto domiciliario. El contralmirante Juan Carlos Malugani y el coronel Pedro Alberto Barda, también debían responder por los crímenes mencionados, pero el primero falleció el día que se inició el juicio y el otro padece una enfermedad mental degenerativa irreversible.

Duras penas

Las querellas representadas por el fiscal Daniel Adler, y los abogados Alejo Ramos Padilla, Cesar Sivo y Gloría León solicitaron las penas más duras que prevé la ley para este tipo de delitos.

Cesar Sivo que representa a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó durante su alegato la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los tres imputados.

La querella hizo especial hincapié en la necesidad de contemplar los delitos por los que se acusa a los tres militares en el marco de un plan sistemático perpetrado desde la órbita del Estado y por lo tanto, bajo la lupa de la jurisprudencia relacionada con delitos de lesa humanidad.

Sobre Ortiz, Sivo dijo que era responsable de adiestramiento, y como tal debía instruir a sus subordinados en las “tareas especiales”, entre las que se encuentran la llamada “lucha contra la subversión”.

También le correspondía fiscalizar las construcciones y reformas que se produjeran dentro de la Base. Esto lo coloca en un lugar donde no podía desconocer la construcción de instalaciones propias para los detenidos-desaparecidos que eran alojados, por ejemplo, en el edificio de Buzos Tácticos.

Además agregó que por sus funciones, el área de Meteorología también estaba bajo su órbita. Allí los testimonios vertidos durante el debate señalan que se alojaban detenidos desaparecidos. Lo mismo respecto a Enfermería y Automotores.

Las querellas coincidieron en que la documentación con la firma de Pertusio como jefe de la Fuerza de Tareas 6 –la cual comprendía a gran parte de los estamentos que componen la Base Naval- dan por sentada su participación en la “guerra contra la subversión” y en todos los métodos que de ella se desprenden según los reglamentos de la propias Fuerzas Armadas.

Además, al contralmirante le sumaron el vaciamiento de las viviendas de sus víctimas que se constituyó en parte del plan sistemático desaparición forzada.

En lo que respecta a la participación de Arrillaga en los delitos que se le imputan, las querellas afirmaron que debe pagar por todo delito de lesa humanidad ocurrido durante el periodo en el que el encartado formó parte de la plana mayor de la Subzona 15.

Su participación como responsable de Operaciones del Ejército lo coloca en un lugar de pleno conocimiento y acción en el desarrollo de los planes para la aplicación de la normativa militar vinculada a la “guerra contra la subversión”.

Los jueces de la democracia

En su alegato, el abogado Alejo Ramos Padilla representante de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, instó al sistema judicial y a los jueces a no ser neutrales. Aseguró que el compromiso en estas causas diferencia a los jueces de la democracia de aquellos que prestaron servicios en la dictadura. “Unos garantizaron la impunidad y los otros aborrecen los delitos contra la humanidad”, concluyó.

El abogado aclaró que no se trata de una afrenta al Poder Judicial y tampoco al tribunal sino que se trata de distinguir los buenos de los malos. “No es lo mismo un fiscal federal acusado de crímenes de lesa humanidad que el fiscal Daniel Adler que impulsa los juicios por esos mismos crímenes”, ejemplificó Ramos Padilla. A continuación instó: “Los jueces de la democracia no pueden ser neutrales ante los crímenes de lesa humanidad”.

Los querellantes solicitaron, además que en el caso de que se dicte un fallo condenatorio, a los imputados se les revoque la prisión domiciliario y sean alojados en la cárcel de Marcos Paz.

Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de los acusados por considerar que no están probados los delitos que se le imputan.

Vale aclarar que los tres militares se encuentran imputados en otras causas de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar.

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