París fue el epicentro de la protesta y reunió a más de un millón de personas. Se oponen a la idea de elevar la edad jubilatoria de 60 a 62

Más de un millón de personas se manifestaron ayer en Francia para exigir al gobierno del presidente, Nicolas Sarkozy, que dé marcha atrás en su polémico proyecto de elevar la edad jubilatoria 60 a 62 años. 

Si bien las versiones sobre la concurrencia difieren: 1.120.000 según el gobierno y entre 2,5 y 3 millones según la Confederación General del Trabajo (CGT),- ambos sectores coincidieron en que la de ayer fue una jornada de apoyo notablemente más numerosa que la anterior huelga por las pensiones, realizada el pasado 24 de junio.

Como en otras jornadas de este tenor, París fue el epicentro de la protesta y reunió más manifestantes que otras ciudades (80 mil según la policía, 270 mil según la CGT) y contó entre sus participantes a los líderes de los principales sindicatos y responsables políticos de la izquierda.

La consistente muestra de rechazo al plan del presidente Sarkozy incluyó una huelga en sectores públicos clave, como los transportes, la televisión y radios, los hospitales, correos y también amplios sectores privados, como bancos y grandes empresas como la petrolera Total.

"Es la mayor movilización de los últimos años", aseguró François Chérèque, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), y advirtió que el presidente "debe tomar nota de ello", según informó la agencia de noticias Europa Press.

El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, por su parte, destacó que la asistencia a las manifestación cumplió con los objetivos previstos, por lo que el Gobierno "no podrá hacer como si nada hubiera pasado".

El primer ministro francés, Françóis Fillon, se mostró abierto al debate, en declaraciones en el Parlamento, siempre y cuando no se pierda de vista el objetivo de la reforma, que consiste en conseguir un sistema de pensiones financiado por sí mismo. "La jubilación a los 62 es una opción razonable", añadió.

Por otro lado, el Ministerio de la Función Pública destacó que más de una cuarta parte de los funcionarios del Estado (26,76%) secundaron la huelga general, que tuvo un seguimiento del 15,4% entre los empleados publicos territoriales y del 17,08% entre los funcionarios de los servicios médicos.

Esta cifras superan o son similares a la de la huelga celebrada el pasado 24 de junio.

Por su parte, Correos cifró el seguimiento de sus trabajadores a la convocatoria de huelga en el 24,71%, en comparación con el 19,86% del mes de junio, aunque la CGT y el Sud elevan esta cifra hasta el 35% o el 40% de los empleados.

La imponente protesta coincide con la presentación, en la Asamblea Nacional, del proyecto de reforma que entre sus puntos clave considera elevar a 62 años la edad mínima de jubilación a partir de 2018.

Sarkozy, para quien esta reforma constituye una "prioridad absoluta" cuenta con que su aprobación parlamentaria sea a fines de octubre.

De ser así, el hecho pondrá fin a una conquista social emblemática en Francia desde 1983, durante la presidencia del socialista Francois Mitterrand.

El gobierno conservador justifica la reforma en la necesidad de oxigenar un sistema amenazado por el aumento de la esperanza de vida y las consecuencias de la crisis económica que triplicó el déficit del sistema de jubilaciones elevándolo en 2010 a 32.000 millones de euros.

Para los socialistas, en cambio, la reforma porque "no es equilibrada" pues el déficit será financiado "en 92% por los trabajadores" y reclamó una política que disminuya el desempleo que alcanza el 10%, según informó su portavoz, Benoit Hamon.

Con una popularidad en persistente baja -en torno al 30%- Sarkozy enfrenta además críticas debido a su política migratoria y de seguridad.

El mandatario galo contempla el retiro de la ciudadanía a los naturalizados de origen extranjero que atenten contra un policía, además de expulsar a los extranjeros en situación irregular, incluidos ciudadanos de la Unión Europea (UE)

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