El actual Gobierno de Perú presentó una nueva ley, retroactiva al 9 de noviembre de 2003, por la cual todos los procesos que tengan más de 36 meses de desarrollo deberán ser cerrados, favoreciendo a las personas juzgadas

Un decreto del gobierno de Perú que incorpora la figura de lesa humanidad recién a partir del 2003 y obliga a cerrar procesos que lleven más de 36 meses generó una ardua polémica en el país, sobre todo porque entre los beneficiados podrían estar el ex mandatario Alberto Fujimori y el propio presidente Alan García. 

El decreto ley 1097, que entró en vigor el jueves, establece que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad rige en el país desde el 9 de noviembre de 2003, cuando Perú se adhirió a ese convenio.

El texto obliga además al cierre de una causa y el sobreseimiento de los acusados de violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción, y habilita a militares y policías a cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y al pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen.

Por este decreto, varios integrantes del paramilitar Grupo Colina pueden quedar en libertad próximamente.

"Esta es una nueva forma de libertad que se estaría dando inmediatamente con nombre propio. ¿Quiénes están por expedir sentencia? El Grupo Colina. Se pone fin al proceso, se les da libertad... El proceso continúa pero con las personas en libertad”, advirtió Gloria Cano, abogada de la familia de las víctimas de La Cantuta y representante del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El temor es que algunos condenados, entre ellos Fujimori, cuestione ante el Tribunal Constitucional la sentencia en su contra. La situación podría repetirse con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y otros ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista (1990-2000).

Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón; la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara; la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos; y la de 42 reclusos en 1992.

Por el primero de los casos, la matanza de El Frontón, está acusado el presidente García, bajo cuya primera gestión ocurrió la masacre. Una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.

El abogado Carlos Rivera, también del Instituto de Defensa Legal, advirtió que el decreto podría anular la condena de 25 años de cárcel que Fujimori cumple como autor mediato de dos matanzas y otros crímenes cometidos antes de 2003, en su decenio de gobierno (1990-2001).

Entre los potenciales beneficiarios de la polémica norma figuran igualmente cerca de 60 ex militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000.

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