Sería inminente el pedido de remate de todos los bienes donde actualmente viven 96 familias, por parte del Banco Central como acreedor hipotecario. La diputada cobista señaló que en algunos casos se pagó hasta el 70% de las viviendas y buscan escriturar.
Con la intención de gestionar ante las autoridades nacionales a cargo del Banco Central la suspensión el inminente remate de viviendas de la Cooperativa El Monolito Ltda. de la ciudad, la diputada marplatense Julia García presentó ayer un proyecto ante la Cámara Baja bonaerense a través del cual pidió actuar al gobierno bonaerense, por medio de la Dirección de Acción Cooperativa, dependiente del Ministerio de Producción.
La iniciativa, destaca un comunicado de prensa, busca dar respuesta a un grupo de vecinos del Partido de General Pueyrredon que adquirieron viviendas del Complejo Monolito –constituidos en integrantes y socios de La Cooperativa de Vivienda Monolito Ltda.- que vienen denunciando que han sido estafados en su buena fe.
Al detallar la naturaleza del conflicto, la legisladora indicó: “Hace más de 30 años, comenzó la adquisición de las viviendas y el pago en cuotas, con las cuales se fue construyendo el complejo habitacional por parte de la cooperativa. Hace 12 años por decisión del Instituto de Acción Cooperativa (IPAC) fueron removidas las autoridades. Se dijo que fue por irregularidades que, entre otras, dieron origen a una causa por estafa, llevada adelante por los vecinos adquirentes”.
“A partir de la decisión del IPAC –detalló García-, fueron designados como autoridades de la cooperativa un grupo de vecinos adquirentes”.
La Cooperativa de Viviendas Monolito Ltda. la conforman los habitantes del complejo habitacional “Dos Pinos”, construido en su momento por la citada cooperativa. El 50% de la gente abonó las cuotas y nunca se le entregó posesión alguna de las viviendas. “Las autoridades oportunamente denunciadas por estafa fueron condenadas penalmente por el mencionado ilícito, quedándole a los socios de la cooperativa un pasivo próximo a $5.000.000 a la fecha del concurso preventivo; y siendo el principal acreedor de la cooperativa, la financiera AÑASCO cuyo pasivo fuera absorbido por el Banco Central”, agregó García.
La legisladora destacó que “es inminente el pedido de remate de todos los bienes donde actualmente viven 96 familias”, y explicó: “En el 2001, los asociados se vieron obligados a firmar mutuos hipotecarios por un monto de $3.500.000, encontrándose en ejecución. Hoy, los actuales representantes de la cooperativa son solo un grupo de propietarios, que ante la irresponsabilidad y defraudación de las autoridades anteriores, decidieron tomar la responsabilidad de intentar administrar la cooperativa”.
“Es inminente el pedido de remate de todos los bienes donde actualmente viven 96 familias, por parte del Banco Central como acreedor hipotecario”, advirtió la legisladora cobista.
Por último, la diputada subrayó: “Estamos buscando una salida a la posible liquidación de la cooperativa y brindarle tranquilidad y seguridad a 96 familias, que en algunos casos pagaron hasta el 70% de sus viviendas y que sólo pretenden escriturar, para poder en forma individual afrontar sus deudas, sin ser víctimas de medidas que estaban dirigidas a las antiguas autoridades de la cooperativa, responsables de la situación actual”.
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