En una jornada de trabajo manifestaron sus necesidades. También advirtieron sobre las falencias edilicias del complejo. Dijeron que los edificios se encuentran en “riesgo de colapso”

Vecinos del barrio Centenario participaron de una jornada de trabajo que se llevó a cabo en el Concejo Deliberante en el marco de los problemas edilicios del lugar. En el encuentro se planteó la necesidad de trasmitir al gobernador de la Provincia Daniel Scioli, la situación del complejo habitacional cuyo problema “más importante” es “el riesgo de colapso”, según lo señaló Liliana Castañeiras, representante legal de 700 familias que viven en el mencionado barrio.

“Esto implica paredes, escaleras, cloacas rotas, perdidas de gas, hundimientos de piso”, explicó la abogada. Los riesgos fueron dados a conocer en un informe que un perito designado por la justicia.

Durante la reunión, de la que participaron el concejal Guillermo Schütrumpf -quien propuso la jornada- y sus pares Maximiliano Abad, Hector Rosso, y Diego Monti; representantes de la Facultad de Arquitectura; vecinos del barrio y administradores de los consorcios, quienes plantearon las problemáticas que afectan su calidad de vida dentro del complejo.

En este sentido, no sólo se hizo hincapié en las cuestiones edilicias, los servicios de iluminación, cloacas y agua, sino también en el tema de la inseguridad que afecta a la zona y “la discriminación” que consideraron que sufren los habitantes del Centenario.

La letrada explicó que se llegó a esta situación a través de un juicio que se inició en 1997, “con una actitud absolutamente negligente por la provincia de Buenos Aires y de sus gobernadores que han tenido una total insensibilidad al respecto”, manifestó.

“Incluso hemos llegado a la Corte de la Provincia, para que yo pueda embargar por orden judicial 10 mil pesos por día”, agregó Castameiras al tiempo que señaló que ya lleva 8 millones de pesos. Esto corresponde a una parte de los fondos de los embargos del Instituto Provincial de la Vivienda.

Al respecto, la representante legal de las familias añadió: “El nuevo director de la delegación de Mar del Plata del Instituto Provincial de la Vivienda (Manuel Torres Cano) dice que lo único que ellos van a hacer es cumplir en tiempo y forma con las multas impuestas, que se cobran a través de embargos que hago y luego de apelaciones. Él está cumpliendo con el incumplimiento de forma permanente”.

Asimismo, la letrada expresó que la Municipalidad de General Pueyrredon “también es demandada en el expediente por incumplimiento en los deberes de funcionario público”. De acuerdo a Castañeiras, “han aprobado una obra de 1600 viviendas donde habitan más de 14 mil personas con una gran cantidad de niños. Han aprobado una obra que no tiene planes aprobados, que no ha dado cumplimiento de las normas del Código de Construcción”, denunció.

Además de las 14000 personas que viven en el complejo del Centenario, también se encuentran en el barrio la Escuela Media Nº 30, el Jardín de infantes Nº 925, la Escuela de Formación Profesional Nº 6, el Subcentro de Salud "Centenario", entre otros.

Respecto a la posibilidad de una reunión con Scioli para que tome cartas en el asunto, la letrada consideró que “el gobernador debe pensar que Mar del Plata es la costa, el Hotel Provincial y el puerto, pero nada más”.

En este sentido solicitó que “alguien le informe que hay personas viviendo en un estado vergonzoso con gravísimo riesgo en la vida de las mismas”.

Además, Castañeiras explicó que existe una revisión del monto hipotecario “porque en su momento la municipalidad determinó por un informe que las viviendas tenían un precio con una drepeciación del 70 por ciento el estado constructivo. Se pide una revisión del crédito, es decir reajustar el costo del precio de la vivienda y de las cuotas que supuestamente se debían abonar, por eso hoy no se paga”, argumentó.

Para la abogada se puede reparar el lugar, sin embargo “es imposible hacer la reparación de fondo”, para lo que se necesitan aproximadamente 20 millones de pesos, según lo estimó. A este monto se le suman 5 millones de pesos que utilizaron para algunos arreglos en la infraestructura, que se obtuvieron de los embargos.

De esa cuenta judicial quedan depositados 3 millones de pesos y actualmente hay “otro oficio que se manda al Banco Provincia de La Plata para embargar otros 300 mil pesos a consecuencia de las multas que impuso el juez de la causa”, concluyó Castañeiras.

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