La abogada de las familias dijo que el peligro de derrumbe “es real y grave”. Reclama una participación activa del Estado.-

Ante la falta de respuestas de la Provincia y el Municipio al problema edilicio y de infraestructura que atraviesa el Complejo de viviendas del barrio Centenario, la abogada defensora de los vecinos, Liliana Castañeiras, presentará hoy ante la Comisión de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado por violación de garantías de integridad física de personas. “Los funcionarios no son concientes de que el riego de colapso es real y muy grave y que estamos hablando de la posibilidad de que familias enteras resulten lastimadas ante un desmoronamiento”, advirtió.

Si bien hace algunas semanas los habitantes del Centenario mantuvieron una reunión con el concejal Guillermo Schütrumpf (GEN) y autoridades de la Cámara de Constructores, en la que se acordó gestiones para reparar las estructuras del complejo, lo cierto es que hasta el momento no han recibido respuestas ni propuestas para refaccionar el sector. Así lo confirmó Castañeiras, la representante legal de 200 familias que en 1997 iniciaron acciones judiciales contra el gobierno de la Provincia ante la demora del Estado bonaerense de acondicionar el complejo.

“No hubo avances. No se acercó nadie a ofertar nada y la mesa de trabajo en el Concejo Deliberante aún no se concretó”, aseguró la abogada, que dijo que frente a la dilación de resoluciones presentará esta mañana una denuncia por violación de garantías de integridad física ante la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia. “Aunque no quieran entenderlo ni hacerse cargo, está en riesgo la vida de muchos vecinos”, aclaró la letrada, que detalló que en el complejo viven actualmente alrededor de 14 mil personas en un total de 1600 unidades habitacionales.

Casi trece años tiene la causa que Castañeiras inició contra el Estado, a quien demanda -entre otras cosas- por negligencia al momento de construir el complejo de viviendas. “De hecho, y por una resolución judicial, una parte de los fondos del Instituto Provincial de la Vivienda está embargado. Esa cifra asciende a los ocho millones de pesos, de los cuales cinco ya han sido puestos en obras para acondicionar el lugar. Los tres restantes serán utilizados en breve, pero lo cierto es que este problema requiere de un trabajo de planos y obras de gran envergadura que realmente solucione el conflicto de infraestructura del lugar”, indicó la profesional.

Ese suma de dinero -contó- surge de una resolución que dictó la Justicia en 2003 y que determinó la aplicación de multas diarias (cercanas a los diez mil pesos) hasta tanto el déficit edilicio sea solucionado.

Según comentó, varios son los arquitectos de la ciudad que luego de la realización de pericias (algunas de ellas encomendadas por la Justicia) han certificado que el riesgo de derrumbe o desmoronamiento “es real y grave”. “No sabemos qué más necesitan saber los funcionarios para ponerse a resolver este problema edilicio”, se preguntó Castañeiras, que aseguró que es “vergonzosa” la manera en la que viven poco más de 800 familias.

La representante legal de los vecinos enumeró, uno a uno, los problemas de infraestructura que padece el complejo y que pone en riesgo “indefectiblemente” la vida de cientos de personas. “Las estructuras y fierros de contención están vencidos y podridos; el hundimiento del terrero alcanza los quince centímetros; hay roturas de caños, pérdidas constantes de gas, electrocución de paredes y tapas de cloacas rotas. Y además se convive entre la suciedad y las ratas”, denunció Castañeiras. Según apuntó, el deterioro del Centenario ronda el 70%.

Más allá de la denuncia que hoy radicará, la abogada aclaró estar esperando que el gobierno municipal “tome cartas en el asunto” y realice las tratativas necesarias para comprometer al Instituto Provincial de la Vivienda a reparar el deterioro del complejo. “La Comuna no puede desentenderse de esto porque quienes viven ahí son vecinos marplatenses”, concluyó.

CAMBIO DE AUTORIDADES

El Atlántico se comunicó a la sede local del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ubicado en Hipólito Yrigoyen casi Alberti, con la intención de conocer las acciones que desde la dependencia se están realizando para atender la demanda de los vecinos del complejo Centenario. “Ahora va a ser imposible. Está asumiendo en estos momentos el nuevo titular del Instituto”, explicó una mujer que atendió el teléfono. Quien remplazará a Miguel Ángel Bartolucci, que hasta noviembre presidió el IPV, es Manuel Torres Cano, ex decano de la Facultad de Arquitectura y presidente del Colegio de Arquitectos entre 2001 y 2004.

“Así que la otra semana, cuando ya esté al tanto de todo, podrá informarse”, dijo amablemente la secretaria del IPV.

Comentarios (2)

lo unico que falta es que pretendan que a costa de todos les arreglemos las casas gratis.... y veran como si.. en las proximas elecciones vendran los los politicos de turno a congraciarse con esta manga de chorros y entre todos se lo vamos a pagar. a mi lo que me da pena es la gente honrada que todavia queda en mardel... habra que ver la cara de boludos que se les va a quedar cuando esto pase, y creanme... va a pasar. Al final no sabes cual es peor. si los chooros que viven en el centenario o los chorros que van a mangar votos.... en sintesis... son todos CHORROS!!!!

lastima por la gente decente que todavia vive alli , aunque cada vez es menos por culpa de los delincuentes deben mal vender sus propiedades . en vez de desalojar a todos los ocupas , peruano y bolivianos que son una plaga de delincuencia y narcotraficantes , deberiamos deportarlos o tirarles todo el centenario encima