La Dirección de Asuntos Administrativos de la Procuración Municipal elevó al Ejecutivo el dictamen jurídico que establece las recomendaciones legales que debe tener en cuenta el municipio para lograr la reapertura de las calles.-

Ambas calles se encuentran hoy bloqueadas por tres muros de material de casi dos metros y medio de altura.

Según detalla el documento, al que tuvo acceso El Atlántico, se aconseja evitar la instancia judicial, abriendo una ronda de negociación entre la gestión de gobierno y los representantes del complejo de viviendas de la Asociación de Viajantes, que levantaron los paredones. Sin embargo, recomiendan la realización de una inspección en el lugar para constatar la existencia de los muros y labrar actas de infracción contra su edificación, ya que, entienden, “son clandestinos”.

Hace poco menos de dos meses, los habitantes del barrio Sarmiento se toparon con tres tapiales que cortan la circulación no sólo vehicular sino también peatonal de las calles Perú, entre Balcarce y 11 de Septiembre, y Balcarce, entre Tierra del Fuego y México. Pese a las denuncias radicadas, y las declaraciones de Juan Carlos Castorina, secretario de Planeamiento Urbano, que aseguró que enviaría personal municipal a derribarlos, al día de hoy la obstrucción en la zona persiste.

Quien atiende al conflicto desde el Ejecutivo local es Pablo García, subsecretario de Gobierno, que ante la dificultad de solución solicitó a la oficina Legal y Técnica, hace unos veinte días, la confección de un dictamen que establezca las formas de proceder que debería tener en cuenta la comuna para reabrir el paso vehicular y peatonal en el sector.

El documento le fue entregado al funcionario el martes por la mañana. Eduardo Liébana, uno de los profesionales que elaboró el dictamen, fue quien brindó detalles a este medio sobre las recomendaciones técnicas y legales que se labraron. Por un lado, se establece el inicio de una “acción posesoria”, tendiente a conservar o recobrar la posesión de los terrenos que durante más de 19 años estuvieron abiertos para la circulación. Por otro lado, se aconseja la apertura de una ronda de negociación entre las partes para establecer nuevos acuerdos. En este sentido, se recomienda la parcelación de dos terrenos para la venta, quedando el recurso económico (producto de la transacción) para la Asociación de Viajantes. Para ello, consideraron que es necesaria una decisión política y no judicial.

Además, instan a la realización de una inspección en la zona. “Lo que aconsejamos es que se practique una constatación sobre el lugar. Que se verifique efectivamente la presencia de los muros, que se labren actas de infracción y que tomen intervención los Juzgados Municipales de Faltas. ¿Por qué? Porque esos muros, son para nuestro ordenamiento territorial, clandestinos”, aseguró Liébana. Según dijo el abogado, el levantamiento de los tapiales no tuvo autorización de la Secretaría de Planeamiento.

El profesional contó que existe y está en vigencia una ordenanza (la 7874) promulgada en agosto de 1990, que deja constancia sobre un acuerdo alcanzado hace 20 años. La norma, en su primer artículo, establece la transferencia al dominio público de fracciones de tierra pertenecientes a este complejo de viviendas. Pero el problema está en que nunca se formalizó la escritura de esos lotes, por lo que en parte los representantes del consorcio pueden reclamar por su posesión.

Por ello, Liébana, en el documento, recomienda el llamado a una mesa de negociación entre el gobierno local y la Asociación de Viajantes para establecer alternativas de solución sin tener que llegar a una instancia judicial. “Hay que evaluar las posibilidades de negociación y de adecuación a la situación hoy planteada. La apertura de las calles genera áreas verdes de un valor inmobiliario muy interesante, por lo que cabría la posibilidad de que el municipio autorizara el parcelamiento de esos lotes, con lo que se generarían recursos inmobiliarios para los propietarios”, planteó, quien añadió que de esa manera la gestión podría volver a abrir los pasos vehiculares por la zona, comprometiéndose a iluminar mejor el sector y cambiar la parada de colectivo de Libertad y Perú para evitar la circulación peatonal por dentro del complejo de edificios. “Pero eso es negociación de tinte político y no jurídico”, aclaró seguido.

Por lo pronto, resta conocer la maniobra que vaya a implementar el Ejecutivo. Sin embargo, y tras advertir que por lo pronto no tendrá mayor injerencia en las resoluciones oficiales, Liébana entendió que más allá de que se carezca de una escritura, la ordenanza está vigente.

VEINTE AÑOS DE HISTORIA

El conflicto actual es producto de decisiones que se adoptaron hace 20 años. Por aquel entonces, la entidad de Viajantes, tras una serie de reuniones con el Ejecutivo, determinó la cesión de tierras al municipio para que allí se abrieran arterias de circulación. Ese acuerdo, se materializó en una ordenanza (la 7874) que fue promulgada en agosto de 1990 y que no recibió mayores cuestionamientos por parte de los vecinos de la zona. La norma establece y autoriza la transferencia al dominio público de los lotes. Y es aquí donde yace el problema: nunca se formalizó a través de una escritura este convenio de cesión de tierras.

Liébana fue quien, hace dos décadas, redactó el dictamen que luego posibilitó la elaboración de la norma. “Nunca pensé que volvería a hablar o trabajar en esto”, reconoció.

Según dijo, la escritura jamás se realizó, aunque se haya modificado -incluso- hasta el reglamento de copropiedad del complejo. “Originalmente estaba previsto hacer una cuarta torre. Esa cuarta torre iba a estar erigida, justamente, ocupando lo que hoy denominamos espacio público. Cuando el Banco Hipotecario, que daba el crédito para la construcción, advierte que en el plano de mensura existen esas restricciones, advierte sobre ello a los representantes del consorcio (que en ese momento eran las propias empresas constructoras) y eso es lo que origina la modificación del reglamento de copropiedad. Se desiste de ejecutar esa cuarta torre, asumiendo que esas tierras debían ser libradas al uso público”, relató el abogado. “De hecho, quien hoy adquiera un inmueble en ese complejo tiene que cumplir y acatar esa cláusula”, sostuvo.

“Mandaron una carta documento en diciembre del '90, cuestionando algún alcance de la ordenanza, pero todo quedó ahí. Tal es así que estuvimos 19 años con las calles abiertas”, mencionó.

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