El Gobierno empezó la semana con el convenio con los empresarios abrochado. Se ilusionó con un paso fugaz por el Concejo y su rápida implementación. Pero terminó casi sin nada porque los concesionarios lo pusieron en duda. La oposición acecha con críticas. El presupuesto participativo generó otra polémica.-

Una ordenanza que se intenta discutir después de que se aprueba. Un convenio que se relativiza después de que se firma. Un Ejecutivo que asegura aspirar a un sistema pero que propone antes la implementación de otro. Un Concejo que vota un mecanismo y que, un mes después, piensa en votar otro. Un empresario que firma una cosa y a los dos días la pone en duda. Todo eso es, por estos días, el transporte de la ciudad. El único denominador común es la falta de coherencia. Todavía peor: la única coherencia es la incoherencia.

Marcelo Artime se movía el viernes 30 a la tarde con el sigilo de los políticos que están por lograr acuerdos importantes. En su condición de intendente interino por el viaje de Pulti a Rusia, estaba por abrochar un convenio con la asociación que nueclea a los empresarios del transporte local. Lo logró casi una hora antes de la medianoche, cuando el presidente de Ametap, José Ferraresi, estampó su firma en el papel. Mientras él escribía, el apoderado de la entidad, Marcelo Abal, supervisaba todo con ojos escrutadores.

Un rápido repaso de lo que se firmó: la fijación de un plazo de 180 días para que los empresarios pongan en marcha un sistema de tarjetas por aproximación para el cobro de pasajes, prorrogable por otros 180 días; el permiso para colocar monederas hasta que eso suceda; el compromiso empresarial de no pedir aumentos de boleto durante ese período, y el no menos clave de aumentar del 1 al 3 por ciento el Fondo del Transporte, que se usa para reparar las calles por las que circulan los colectivos.

Artime sonrió. No sólo le había sacado un par de buenos compromisos a los empresarios: también se había asegurado que algunos concejales empezaran a ver el acuerdo con buenos ojos. Pero el acuerdo tenía un inciso que, poco después, iba a ser el desencadenante de las complicaciones oficiales: establecía que los dueños de las concesionarias debían ratificar el convenio en un plazo de tres días hábiles.

El lunes a la mañana, una periodista de este diario llamó por teléfono a Ferraresi. El empresario le dijo que al acuerdo había que “charlarlo” y le restó trascendencia a la obligación de no pedir aumentos de boleto. En el Gobierno y en el Concejo leyeron esas declaraciones y se preocuparon. Pero, no se sabe por qué motivo, no las tomaron demasiado en serio.

A tal punto no las mensuraron en su real dimensión (Ferraresi estaba poniendo claramente en duda el convenio que había firmado dos días antes) que el oficialismo se abocó a conseguir los votos necesarios para la aprobación del acuerdo en el Concejo. Apenas un día después de que el expediente ingresara al cuerpo, logró una convocatoria conjunta de las tres comisiones que debían tratarlo: Transporte, Legislación y Hacienda. Había olor a triunfo oficialista.

Empezaron, entonces, los rumores y las definiciones. Un sector del radicalismo ratificó su negativa a ultranza al ingreso de las monederas, lo mismo que algunos ediles kirchneristas. Pero otros se mostraron dispuestos a acompañar la iniciativa. Los votos se sumaban y se restaban con entusiasmo desbordante. Nadie sabía a ciencia cierta cómo iba a terminar el filme, pero todos arriesgaban su propia trama.

El viernes, el día señalado para la reunión conjunta de las comisiones, los concejales se desayunaron con una noticia: el vocero de los empresarios, Claudio Lassiar, había dicho que se necesitaba discutir la letra chica del convenio. Y que los concesionarios harían una contrapropuesta. En el Gobierno y en el Concejo supieron entonces que las palabras de Ferraresi iban en serio: el convenio estaba firmado, pero debía seguir en debate. El inciso que establecía la necesidad de que los dueños de las empresas lo ratificaran había hecho de las suyas.

Un interrogante que se abre es qué validez tiene ahora el acuerdo, pues fijaba como máximo tres días hábiles para la firma de esas confirmaciones. El tercer día hábil se cumplió el miércoles. “Eso no es lo importante. Lo importante es que firmen”, dijo Artime. Cabría preguntarse, con todo, si no tendrían que rubricar otro convenio.

Por estas idas y vueltas, la discusión legislativa quedó en un segundo plano. El objetivo del bloque de Acción Marplatense es aprobar el proyecto antes del 10 de diciembre para no tener que utilizar su mayoría después de esa fecha. Si las comisiones se reunían el viernes y le daban dictamen, hubiese llegado a la sesión del jueves que viene. Pero nada de eso pasó. La del jueves será la anteúltima sesión ordinaria previa al recambio de concejales, por lo que al oficialismo sólo le quedará una oportunidad.

El convenio es claro: las monederas sólo deberán estar por seis meses o, a lo sumo, por un año. Después, sólo tendrá que quedar el sistema de tarjetas por aproximación. Sin embargo, los detractores de las monederas en el Concejo se preguntan si los empresarios sacarán esas máquinas cuando se cumpla el plazo o las dejarán para siempre. “Si vienen las monederas es para quedarse”, advierten. El otro argumento que enarbolan es el de la inseguridad: aseguran que habrá más intentos de robos en los colectivos.

Esa oposición, compuesta por un sector radical y un puñado de kirchneristas, ha hurgado en los anales del Concejo para revisar qué decían Pulti y Artime en debates similares cuando eran concejales rasos. Les resultó bastante sencillo hallar contradicciones discursivas con el presente.

El presupuesto participativo fue otro tema polémico de la semana. Su coordinador, Luis Grasso, aseguró que las obras estaban “trabadas” porque el Municipio no tenía “capacidad operativa ni equipo de producción”, y porque no había coordinación entre las secretarías. Un día después de esas críticas, Grasso participó en una recorrida que Mariano Pérez Rojas hizo por Batán para inaugurar algunas de las obras.

El secretario de Economía reconoció las demoras, pero culpó a la prensa por el tenor de las declaraciones de Grasso: dijo que “fueron malinterpretadas o manipuladas con cierta predisposición a generar distorsiones de la realidad”.

Grasso hizo, por ejemplo, una comparación geográfica como esta: “La Municipalidad es una especie de archipiélago, un conjunto de islas más o menos conectadas en donde cada vez que uno quiere pasar de una secretaría a otra debe cruzar un océano, y no una unidad en donde hay una mesa y todo el mundo se junta y planifica; eso es una idea errada”.

Hay declaraciones que pueden prestarse a la confusión, a la distorsión o a las interpretaciones erróneas, pero hay otras que, por la contundencia con que son formuladas, es imposible sacar de contexto.

Comentarios (1)

El 11 de noviembre a las 18 hs., .en la Bancaria, ASAMBLEA, por el tema de las monederas, todas las representaciones políticas de la ciudad, ahí estaremos para PROTESTAR y ver como sigue todo esto.- Recuerdo, en mis épocas, de estudiante en la Universidad, una manifestación multitudinaria en contra del aumento del boleto, llenamos la PLAZA SAN MARTIN, estudiantes y pueblo en general.- NO SE AUMENTO EL BOLETO.- Hagamos algo así...todos UNIDOS...RESULTA.-