Es porque lo establece una ordenanza sancionada por el Concejo. El secretario de Gobierno dijo que la hará entrar en vigencia. Los transportistas no ponen reparos, pero avisan que ya solicitaron un estudio.-

El gobierno de Gustavo Pulti deberá realizar una auditoría integral de las empresas concesionarias del servicio de transporte público y de la comercializadora de tarjetas magnéticas, UTE El Libertador, que está formada por las mismas compañías. La disposición surge de un proyecto de ordenanza aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante, por unanimidad.

La norma, impulsada por el concejal kirchnerista Carlos Filippini, establece que a partir de la entrada en vigencia el Ejecutivo designará un veedor en cada una de las empresas de colectivos y de la UTE. Esas personas requerirán, supervisarán, resguardarán e inspeccionarán toda la documentación necesaria para efectuar la auditoría.

“No sólo se puede hacer: se debe hacer”, dijo ayer a El Atlántico el secretario de Gobierno, Ariel Ciano. Con todo, aseguró que la ordenanza todavía no llegó a sus manos para ser promulgada. “Pero lo vamos a hacer”, adelantó.

En los argumentos de su proyecto, Filippini había sido duro con las estadísticas aportadas por las empresas y, al mismo tiempo, con los controles municipales. Señaló que la información “es de muy baja confiabilidad” porque “no se practican pruebas de consistencia de los datos originales” ni se lleva a cabo en tiempo real “el seguimiento y actualización de la información del sistema de transporte, lo cual dificulta el contralor sobre el accionar de las empresas y reduce las posibilidades de detección en tiempo oportuno de las dificultades, faltas, infracciones e incumplimientos producidos”.

Filippini sostuvo que los sistemas de comercialización y seguimiento satelital “no resultan completos, integrados y confiables, toda vez que las bases de datos consultados contienen falencias y resultan exclusivas del sector concesionario, sin estar bajo el control del poder concedente, funcionando como compartimentos estancos”.

Por lo tanto, mencionó, el poder concedente (el Municipio) “no cuenta con la tecnología apropiada para ejercer su poder de policía y control ni para resguardar los intereses de los usuarios, pues los mismos resultan inseguros e inadecuados”.

Según el concejal, esto genera “situaciones críticas” en la prestación del servicio, entre las que ubicó la amenaza que formularon los empresarios de no prestar el servicio nocturno ante la disminución de pasajeros en plena pandemia de gripe A.

“Entendemos que ha llegado el momento de que la Municipalidad ponga punto final a esta situación y, en el marco de la normativa vigente, asuma en plenitud sus facultades como poder concedente, normalizando el sistema mediante la adopción de medidas extraordinarias que regularicen el sistema de control, den certeza a la información y permitan la aplicación en plenitud de las obligaciones y derechos que se compadecen con una adecuada y correcta prestación de un servicio público esencial, como lo es el transporte colectivo de pasajeros”, aseveró el edil.

Las empresas no quisieron confrontar. “Si bien una auditoría no está contemplada en el pliego, no está impedida”, admitió el vocero de las concesionarias, Claudio Lassiar. Filippini había citado en su proyecto los artículos del contrato con las prestatarias que aluden al control municipal. Por caso, el 51º reza que las empresas deben “someterse a las inspecciones y controles de cualquier tipo que disponga efectuar la Municipalidad, tanto con relación al servicio como al funcionamiento de la empresa o sociedad, incluida la contabilidad (…)”. Y el 44 establece que el Municipio “está facultado para requerir a las empresas datos e informaciones para el cumplimiento de sus fines”, mientras que los concesionarios “deberán remitirle los informes y estados periódicos que la reglamentación establezca, como así también los de carácter especial que en cada caso les requiera”.

Lassiar está al tanto de las críticas que Filippini y otros concejales hacen a las estadísticas que difunden las empresas (hablan de las pérdidas económicas que estarían sufriendo mes a mes), pero se limitó a decir que, para contrarrestarlas, han solicitado un estudio a la Universidad de Tandil.

“Es un informe técnico severo que vamos a tener en los próximos días”, prometió. Y dijo que, cuando lo soliciten, el estudio será entregado a los auditores.

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