El subsecretario general de la Presidencia analizó los alcances del proyecto que busca regular de la utilización del espectro radioeléctrico. Aseguró que no hay artículo alguno que limite la libertad de expresión y añadió que las críticas parten de una disputa de poder de grandes medios.-

“Llevamos 26 años de demora”, sostiene Gustavo López. Fue titular del Sistema Nacional de Medios Públicos y desde hace poco más de un año ocupa el cargo de subsecretario general de la Presidencia. Es uno de los radicales que la Concertación llevó a ser parte del Gobierno. Hoy es uno de los principales defensores del proyecto para una nueva ley de radiodifusión, que reemplace a la norma firmada por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.

Frente a las versiones que indican que se trata de una “ley mordaza” o “de control de medios”, López sostuvo: “No hay ningún artículo de la ley –y además nunca han señalado ninguno en particular- que diga que hay una limitación a la libertad de expresión”.

El subsecretario general de Presidencia afirmó que el Gobierno cuenta con “mucho coraje” para enfrentar la ofensiva de sectores que buscan oponerse a la ley de radiodifusión y destacó como avances del proyecto que incorpora el defensor del usuario, la tarifa social en cable y la obligación de mayor producción independiente y nacional en la televisión y las radios.

Hasta el jueves se realizarán las audiencias públicas donde las voces de todos los sectores serán oídas. A partir del viernes el debate parlamentario volverá a las tres comisiones en conjunto. “El viernes se discutirá y se fijarán audiencias de las tres comisiones, calculo que para el martes, miércoles y jueves de la semana siguiente. En esos días se empezará a discutir punto por punto”, señaló López.

“Espero que se sancione la nueva ley. Necesitamos consensos, pero para lograrlos necesitamos honestidad intelectual en el debate. Reclamo al sistema político en su conjunto, que dé el debate, que no lo evite, sino termina siendo funcional a lo que hoy ocurre: medios concentrados y ley de la dictadura”, determinó el funcionario.

- ¿Por qué cree que el proyecto de ley encuentra tanta oposición?
- Porque hay muchos intereses en juego: económicos y políticos, y están enganchados. Los intereses económicos tienen que ver con los intereses de las empresas y los intereses políticos tienen que ver con disputas de poder. La comunicación, la información, es un elemento de poder, aquí y en la China. Hay una disputa de poder importante.

- Desde el Grupo Clarín y otras empresas periodísticas, se dice que es una ley de control de medios. ¿Qué hay de cierto?
- Yo creo que es una falsedad, pero tiene que ver con la lucha por el poder. Está ley está basada en dos principios: la libertad de expresión del artículo 14 de la Constitución y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho de los ciudadanos de ver, buscar y recibir información. Es algo más que la libertad de expresión, que indica que no puede haber censura previa. Pero lo difícil hoy es acceder a un medio. Una vez que se accede, la censura está prohibida. Acá lo que queremos es garantizar que todos los sectores tengan las mismas condiciones de igualdad para acceder a un medio. Hasta el 2005, no podían las universidades, las ONGs, las cooperativas. Queremos eliminar las barreras porque la Corte Suprema nos ha dicho que hay que eliminarlas y poner a todos en condiciones de igualdad.

A partir de allí, no hay ningún artículo de la ley –y además nunca han señalado ninguno en particular- que diga que hay una limitación a la libertad de expresión.
Cuando se decía que el artículo 40 revisaba las licencias cada dos años, quedó lo suficientemente aclarado que sólo se revisan normas técnicas y que no pueden afectar ningún derecho adquirido. Eso está clarísimo en la ley y sin embargo se sigue repitiendo como si fuera lo contrario. Se la califica de ley K, ley mordaza, ley para controlar a los medios. En realidad es una ley de regulación de la utilización del espectro radioeléctrico, a partir de la democracia. Porque no tenemos que olvidar que la ley de la dictadura militar.

- ¿Da lugar a que las telefónicas sean parte del negocio de las comunicaciones audiovisuales?
- En el proyecto del Ejecutivo sí, con restricciones. Se le pone una restricción que es desmonopolización del servicio telefónico. Tienen que poner a disposición de las otras compañías más del 50% de su red en las mismas condiciones de explotación. Y además establece la ‘portabilidad numérica’, es decir que el número pasa a ser del cliente y no de la empresa. Acá en Mar del Plata está Telefónica: hipotéticamente para poder ingresar al mercado de la televisión deberían desmonopolizar más del 50% de su clientela –es decir que la mitad de su cartera pueda ser brindada por otro- y además el cliente queda dueño del número, es decir que puede cambiarse de compañía, preservando el número. Esa es condición previa para poder entrar. A pesar de esto, algunos bloques todavía creen que hay que redactarla mejor. Bueno, es parte del debate que hay que dar. Porque si hay algo que cambia en el mapa de las comunicaciones es el ingreso de las telefónicas, pero ninguno quiere que ingresen y se conviertan en un monopolio. Si entran es para que mejore el servicio.

- ¿Por qué el kircherismo pone hoy en debate el proyecto de ley de radiodifusión, teniendo en cuenta que tuvo épocas con mayor poder político y consenso en la sociedad?
- Por suerte lo pone en debate. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchenr anunció esto el año pasado. Se la acusaba de hacer esto por estar en medio del conflicto del campo. Pero en realidad era una vocación política que la Presidenta tenía y que no ocurrió durante el gobierno de Kirchner, que es un gobierno parecido, pero es otro gobierno.

- Que incluso extendió las licencias al Grupo Clarín por diez años.
- Exactamente. En el año 2007 publiqué una nota de opinión en el diario La Nación que se titulaba ‘De eso no se habla’ y era una crítica a la prórroga de licencias de Kirchner. Yo me opuse a todos los decretos de necesidad de urgencia, incluso a los que estaban bien como el que permitía repetidoras de Canal 7, que fue un decreto de Duhalde, luego ratificado por el Congreso. El mecanismo debe ser legal y no de decretos. Lo critiqué a Kirchner diciéndole ‘no se pueden prorrogar las licencias, hay que cambiar la ley’. El Gobierno de Cristina, del que formo parte, se tomó la decisión. ¿Qué mecanismo utilizó? Primero consultas con todos los sectores y se la criticó por eso, luego presentan un borrador y le dicen que no lo mande al Congreso porque estaban en campaña electoral. Luego de todas las consultas, lo corrigen y lo mandan al Congreso y ahora lo critican porque se lo quiere sacar antes del 10 de diciembre. En realidad, los que hacen estas críticas no quieren tratar ningún proyecto. Llevamos 26 años de demora. Este es el proyecto número 72, hay antecedentes suficientes para que en un mes y medio o dos meses se apruebe la ley y no esperar a marzo del año que viene.

- ¿Hay tiempo suficiente?
- No se puede hacer en dos semanas, pero se puede hacer en un mes y medio sin ningún tipo de problema. 

-¿Qué va a pasar con la pauta oficial, que no está contemplada en el proyecto de ley?
- No está contemplada en la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero desde mi punto de vista, soy partidario de una ley genérica que regule pauta, como también de una ley de acceso a la información. Creo que los países más avanzados lo tienen. No se le puede achacar a este Gobierno, sino que en los 26 años de democracia nunca hubo una ley que regule la pauta ni el acceso a la información. Creo que si tenemos una nueva ley, habremos demostrado madurez del sistema político. En esta puja existe un temor del sistema político que vive en comunicación con la sociedad, a través de los medios. Pero ni los medios pueden reemplazar al sistema político, ni el sistema político puede censurar a los medios. Hay que buscar una ley democrática, que la vamos a conseguir si estamos maduros. Yo creo que sí, sino habremos fracasado y otra vez tendremos la ley de la dictadura y la ley de la selva.

- ¿Podrá el Gobierno sostener la ofensiva que llega de estos sectores que tienen intereses de por medio, llámese ‘campo’, establishment industrial?
- Creo que sí, porque tiene mucho coraje para hacerlo. De hecho, lo está haciendo. Distinto es después discutir la política. Creo que hay que buscar una solución a la problemática con el campo y me parece que la designación de (María del Carmen) Alarcón, que viene para eso –por lo menos ella lo declara así-, es una buena señal. También hay que considerar que del otro lado hay un enfrentamiento político porque hay una lucha por el poder, por el modelo. Yo no soy peronista, soy de los radicales de la Concertación que apoyamos y formamos parte de este Gobierno. Apoyamos un modelo y estamos embarcados en este rumbo. Del otro lado hay gente que apoya y propicia otro modelo. En cuanto a la ley, soy defensor de una causa. El proyecto del Ejecutivo lo comparto, creo que hay que hacerle algunas modificaciones en el debate parlamentario. Es la ley de la democracia, no puedo estar de la otra vereda, porque toda mi vida intenté cambiar la ley. Por eso me extraña y también me apena que el radicalismo, que toda la vida quiso cambiar la ley, hoy esté jugando en la vereda opuesta.

- ¿Cuáles serían las modificaciones que implementaría?
- Creo que redactaría mejor el tema de las telefónicas para garantizar que de ninguna manera puedan tomar posición monopólica en el mercado y discutiría la conveniencia o no. En caso de que hubiera mayoría para que ingresen, discutiría el texto.

Me parece que el órgano de aplicación hay que discutirlo. El proyecto del Ejecutivo es un gran avance. Es el sistema norteamericano: tres del Ejecutivo, dos del legislativo. Cuando se lo quiere descalificar se dice que vamos a estar a merced del Ejecutivo. No, hoy estamos a merced del Ejecutivo con una sola persona. Vamos a tener la oposición adentro y controles cruzados. Hay que terminar de discutir algunos temitas que tienen que ver con propiedad cruzada en área primaria: hoy el que tiene cable puede tener aire; en el futuro proyecto no. Habría que analizar cómo afecta o no los derechos adquiridos.

FUERA DE LA LEY

- ¿La ley puede traer modificaciones en el mapa de medios de Mar del Plata?- interrogó El Atlántico.
- Creo que sí, porque habrá que adecuarse a la ley – respondió López.

En la ciudad, el empresario Florencio Aldrey Iglesias, dueño del multimedios La Capital, posee en la ciudad tres AM, tres FM, un diario y un canal de cable.

“La ley nueva, igual que la ley actual, permite una sola AM, dos FM, un canal de cable o de aire en el área de cobertura. Y no habla de diarios. Esta es la ley actual y va a ser la futura ley. Tendría que el Comfer quien dictamine si cumple o no con la ley actual”, analizó López.

La nueva ley de radiodifusión, señaló el subsecretario general de la Presidencia, “obliga al Comfer a analizar realmente quiénes son los dueños. Eso es lo que propone la nueva ley”.

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